En otra votación ajustada, el oficialismo consiguió hoy una prórroga por otros cuatro años del contrato de la recolección urbana de residuos en favor de la actual prestadora: Urbaser. El último contrato data del 2015 y ya había tenido dos prórrogas automáticas. Esto generó el rechazo de la oposición, aunque los dos concejales aliados (Adrián Colonna y Daniela Cáceres) levantaron la mano para igualar la votación, que desempató el presidente del cuerpo (Marcelo González) por 13 a 12. Para el gobierno municipal, esta actualización implica un importante ahorro, aunque prometió que en este período se llamará a una nueva licitación.
“Este convenio abarata costos en el mientras tanto, nos da tranquilidad para evaluar y compartir con la comunidad cuál sería el mejor pliego licitatorio, y le da a este cuerpo de representantes la posibilidad de tomarse el tiempo necesario para conocer las experiencias de otros municipios», cerró los discursos el presidente de bloque de UxP, Marcelo Notario, también exrepresentante del gremio de Camioneros, que tuvo en el palco a trabajadores exultantes, que en realidad estaban allí en respaldo del oficialismo (¿o la patronal?).
«Estoy en contra de hacer un pliego a las apuradas. Que no pase como San Isidro que, que tuvo que declarar desierta la licitación por el valor de las ofertas. Vamos a hacer el llamado a licitación. Pero que quede claro que vamos a buscar el mejor servicio y el mayor ahorro…», había dicho al principio del debate el camporista Tomás Balestrini, quien culpó a la «imprevisibilidad» de la economía del Gobierno de Javier Milei.
En el mismo expediente se aprobó el pago de una deuda con Urbaser por «determinación precios» por $5.000 millones, que se abonaron con diez cheques diferidos que vencen en 2025. Esto representa apenas una quincena actualmente del contrato. La recolección le cuesta a la comuna unos $900 millones, pero está pautado un gasto mensual promedio de $1.200M para este año. Es un poco más de lo que pagan distritos vecinos, más chicos, como Hurlingham o Ituzaingó. Casi lo mismo que Moreno, que municipalizó el servicio, a la manera del moyanismo: Tuvo que traspasar la flota de personal a una cooperativa, con los mismos salarios y afiliación, para que Camioneros permita reestatizar el servicio, con camiones propios del Municipio.
Es el servicio más oneroso de las comunas del AMBA (15 a 20% del Presupuesto). Herencia de los ’90, pero con el gremio como parte. Sus trabajadores ganan 4 a 5 veces más que los estatales municipales, por lo que son los primeros en impedir que el servicio se municipalice (salvo esa modalidad en Moreno y Avellaneda).
«El contrato se prorrogó cuatro veces. Van a ser 10 años sin licitación. Y ahora pasarán 14 en total. El oficialismo borra con el codo lo que escribe con la mano. Toda prorroga es discrecional y atropella todo derecho para sumar caja. Quieren que Urbaser siga de facto. Envíen el pliego», cuestionó Damián Aguilar (LLA).
La radical Silvina Samparisi alegó su rechazo en que «no hay información de la empresa y la flota. Ni de las condiciones económicas». «Son las mismas del pliego’, notificaron, pero tampoco tenemos el pliego», cruzó.
Por su parte, Francisco Mones Ruiz (CC-ARI) intentó con otro dictamen que la prórroga salga por otro año para que en el entre tanto se conforme una comisión y se llame nuevamente a licitación. Negó que haya forma de que esto afecte el servicio y redobló: «El llamado a licitación de la recolección fue lo mejor de la gestión (de Martín) Sabbatella, porque rompió la ecuación económica de un negocio cartelizado», dijo, al recordar el concurso del 2000, que convocó a empresas internacionales. El precio de la firma de origen español fue la más baja del mercado. Luego, Urbaser fue comprada por un grupo inversor principalmente americano.